¿$3,000 por consumir una cerveza? Alcalde de Camuy responde: “La calidad de vida no tiene precio”
Gabriel Hernández defendió las penalidades de la nueva ordenanza ante cuestionamientos sobre si son desproporcionadas. El Código Municipal permite multas administrativas de hasta $5,000, pero también exige evaluar su proporcionalidad.
¿Tres mil dólares por consumir una bebida alcohólica en los predios de una gasolinera es demasiado?
Esa fue una de las preguntas que recibió el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández Rodríguez, durante Cara a Cara, luego de que las cuantías establecidas en la nueva ordenanza municipal comenzaran a generar reacciones en redes sociales y entre ciudadanos.
Hernández defendió la medida con una frase directa:
“La calidad de vida no tiene precio”.
La Ordenanza 8, Serie 2026-2027, que entrará en vigor el 27 de septiembre, prohíbe consumir bebidas alcohólicas en estaciones de gasolina y sus inmediaciones, aunque mantiene permitida su venta en establecimientos debidamente autorizados.
Para los ciudadanos, las sanciones son escalonadas:
primera infracción: $3,000
segunda infracción: $4,000
tercera infracción: $5,000
En el caso de las gasolineras, una primera violación puede conllevar una multa de $5,000. Reincidencias pueden provocar además la suspensión o eventual cancelación de la patente municipal.
Durante la entrevista, Hernández aseguró que el objetivo de las cuantías altas es precisamente desalentar la conducta.
También afirmó que, desde que se aprobó la ordenanza y aun antes de su entrada en vigor, el municipio ya había observado cambios y que no había recibido nuevas querellas relacionadas con estas aglomeraciones.
Ese dato corresponde a la información ofrecida por el alcalde durante la entrevista; no encontramos un informe público independiente que detalle las querellas recibidas durante esos días.
La conversación tomó otro giro cuando se le cuestionó específicamente si una multa de $3,000 podía considerarse punitiva o desproporcionada.
Hernández respondió que la tranquilidad de residentes, incluyendo adultos mayores, justificaba la acción municipal y señaló que la Ley 107 de 2020 le permite al municipio establecer multas de hasta $5,000.
La afirmación sobre el límite es correcta.
El Código Municipal de Puerto Rico establece que los municipios pueden imponer multas administrativas de hasta $5,000 por violaciones a ordenanzas y reglamentos. Sin embargo, el mismo Artículo 1.009 contiene otra disposición relevante: al fijar una multa, el municipio debe evaluar la proporcionalidad entre la severidad de la violación y la cantidad impuesta.
Eso significa que el debate no termina únicamente en si Camuy tiene facultad legal para imponer una multa de $5,000. La discusión también incluye cómo el municipio justificó las cantidades seleccionadas frente a la conducta que pretende evitar.
La controversia ya ha producido opiniones divididas. Algunos residentes han respaldado medidas para atender ruido y problemas de orden público, mientras otros entrevistados por medios locales han considerado las penalidades excesivas.
Por ahora, la nueva regla todavía no ha comenzado a fiscalizarse. Su primera prueba llegará el 27 de septiembre, cuando Camuy empiece a aplicar formalmente una ordenanza cuyo propósito declarado es disuadir el consumo de alcohol y las aglomeraciones dentro de las estaciones de gasolina.