Alcalde de Cataño cancela contratos por $913,000 y cuestiona servicios legales externos
Hiram Torres Montalvo defendió la evaluación de contrataciones municipales y anunció que continuará examinando otros acuerdos para determinar si responden a las necesidades del ayuntamiento.
La cancelación de contratos municipales por un valor conjunto de $913,000 anuales abrió una discusión sobre el uso de fondos públicos y los criterios empleados para determinar qué servicios externos necesita el municipio de Cataño.
Durante una entrevista, el alcalde Hiram Torres Montalvo fue cuestionado sobre las razones detrás de estas decisiones y si respondían a una evaluación administrativa o a cambios políticos tras su llegada al cargo.
El ejecutivo municipal sostuvo que comenzó examinando contratos de servicios legales, un área que conoce por su experiencia profesional como abogado y por haber trabajado anteriormente en el municipio.
¿Por qué tantos contratos de servicios legales?
Durante la conversación, el alcalde explicó que había identificado una cantidad de contrataciones legales que, a su juicio, no guardaba proporción con las necesidades reales del ayuntamiento.
Como ejemplo, mencionó la existencia de múltiples firmas de abogados contratadas para atender asuntos que podrían no justificar tantos servicios externos.
Torres Montalvo planteó que determinados litigios municipales ya cuentan con mecanismos o coberturas que pueden reducir la necesidad de representación legal adicional.
Por esa razón, consideró necesario revisar si todos los contratos estaban justificados y si sus costos correspondían al volumen real de trabajo.
El planteamiento no implica que los servicios legales externos sean innecesarios en todos los casos, sino que deben evaluarse conforme a las circunstancias y responsabilidades del municipio.
Ocho contratos cancelados por $913,000 anuales
El alcalde anunció la cancelación de ocho contratos de distintos tipos de servicios como parte de una revisión administrativa realizada durante sus primeras semanas al frente del municipio.
Las contrataciones representaban $913,000 en cuantías anuales.
Entre los acuerdos cancelados figuraban servicios legales, publicidad, relaciones públicas y otras asesorías externas.
Uno de los contratos correspondía a González & Martínez Law Offices, por $220,000 anuales.
También se incluyeron acuerdos con Publicidad Tere Suárez y SBGB, ambos por $150,000 anuales, además de contratos con otras empresas y firmas profesionales.
Las ocho cancelaciones no corresponden exclusivamente a bufetes de abogados.
Señalamientos sobre algunas contrataciones
Según informó el municipio, determinadas contrataciones habían sido discutidas durante el proceso de transición por señalamientos relacionados con el uso de fondos públicos.
En particular, se mencionaron observaciones de la Oficina del Contralor sobre servicios de publicidad y una alegada sobrefacturación vinculada con servicios legales.
Torres Montalvo manifestó que su administración evaluará los mecanismos disponibles para reclamar la devolución de fondos que pudieran corresponder al municipio.
También señaló que no descarta realizar referidos a las autoridades pertinentes si surgen elementos que justifiquen ese procedimiento.
Los señalamientos administrativos deben examinarse conforme a la evidencia disponible y no constituyen automáticamente determinaciones de responsabilidad contra los contratistas.
¿Habrá más contratos cancelados?
Durante la entrevista, el alcalde adelantó que el proceso de evaluación todavía no ha concluido.
Explicó que su administración continuará revisando acuerdos vigentes para determinar cuáles responden a las necesidades del municipio.
Según sus expresiones, otras contrataciones podrían ser canceladas como resultado de ese análisis.
El proceso forma parte de su iniciativa administrativa denominada 90 x 90, dirigida a revisar el funcionamiento municipal y fortalecer la fiscalización de los recursos públicos.
Una discusión sobre prioridades y gastos
Las decisiones del municipio plantean interrogantes sobre cómo se justifican los contratos de asesoría externa y qué información debe divulgarse para demostrar su necesidad.
También abren la posibilidad de examinar si determinados servicios pueden prestarse utilizando personal municipal o si resulta conveniente mantener contratistas especializados.
Para evaluar el impacto económico real de las cancelaciones será necesario conocer las obligaciones contractuales existentes, los posibles costos de terminación y los servicios que deberán sustituirse.
Por ahora, Torres Montalvo sostiene que la revisión responde a criterios administrativos y que continuará examinando las contrataciones vigentes.
La controversia deja una pregunta sobre la administración de recursos municipales: ¿cómo determinar cuándo un contrato externo es necesario y cuándo representa un gasto que puede reducirse?