“Aquí hay algo que no huele bien”: Wilmer Reyes pone la lupa sobre Power Expectations
El senador del PNP coincidió con Ramón Luis Rivera en que hubo fallas alrededor del proceso y cuestionó el papel de distintas entidades que intervinieron en la contratación.
“Aquí hay algo que no huele bien”.
Con esa expresión, el senador del PNP Wilmer Reyes reaccionó a la controversia que continúa rodeando el fallido contrato de generación temporera con Power Expectations.
Durante De Arroz y de Masa de Directo y Sin Filtro, Reyes coincidió con el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, quien recientemente sostuvo que “todo el mundo falló” durante el proceso relacionado con el contrato.
Reyes planteó que la responsabilidad no debe concentrarse únicamente sobre una persona y mencionó entre los actores que deben ser examinados a funcionarios relacionados con el área energética, el Negociado de Energía y la Junta de Supervisión Fiscal.
Fue precisamente al hablar de la Junta que elevó el tono de su cuestionamiento.
El senador hizo referencia a la relación profesional de un bufete vinculado a la Junta de Supervisión Fiscal con una de las empresas relacionadas con la controversia y cuestionó el momento en que se levantaron alertas sobre el proceso.
“Aquí hay algo que no huele bien”, sostuvo Reyes.
El señalamiento ocurre en medio de una controversia más amplia sobre el rol del bufete O’Neill & Borges, que brinda servicios como asesor legal local de la Junta y también realizó gestiones en Puerto Rico para ERock, empresa matriz de Enchanted Rock.
La firma ha rechazado que participara en el proceso de solicitud de propuestas o en la negociación del contrato de Power Expectations y ha negado que representara a ERock ante la Junta de Supervisión Fiscal.
Power Expectations, por otro lado, ha alegado que esa relación merece ser investigada como un posible conflicto de interés, planteamiento que llevó ante el Departamento de Justicia.
La expresión de Reyes representa su valoración sobre el proceso y no una determinación de que haya ocurrido una actuación ilegal.
Para el senador, el punto principal es que las preguntas alrededor del contrato no deben limitarse a un solo funcionario o agencia, sino extenderse a las distintas entidades que tuvieron participación o conocimiento durante el proceso.