Cámara aprueba reforma de permisos en Puerto Rico y provoca comité de conferencia
La medida recibió 28 votos a favor y 24 en contra, mientras grupos ambientalistas cuestionaron el proceso legislativo y las modificaciones relacionadas con terrenos protegidos y zonas costeras.
La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó este jueves el proyecto de reforma al sistema de permisos, en una jornada marcada por cuestionamientos sobre la transparencia del proceso legislativo y las modificaciones propuestas a disposiciones relacionadas con la planificación territorial.
La medida recibió 28 votos a favor y 24 en contra, luego de avanzar inicialmente mediante una votación a viva voz sin que se desarrollara un debate público sobre las enmiendas presentadas.
El proyecto deberá pasar ahora por un comité de conferencia con el Senado, debido a las diferencias entre las versiones aprobadas por ambos cuerpos legislativos.
La reforma todavía no ha completado el proceso necesario para convertirse en ley.
Una aprobación marcada por cuestionamientos
La medida fue considerada durante el último día disponible para aprobar legislación nueva en la cuarta sesión ordinaria del cuatrienio.
El proyecto sustitutivo de los Proyectos del Senado 1173 y 1183 había sido aprobado previamente por el Senado durante octubre.
Sin embargo, la Cámara introdujo nuevas enmiendas que provocaron la necesidad de establecer un comité de conferencia.
Durante los trabajos legislativos, las delegaciones acordaron posponer el debate sobre determinados cambios hasta que se presente el texto final preparado por el comité.
La decisión generó críticas de legisladores de oposición, quienes cuestionaron el poco tiempo disponible para examinar las modificaciones.
¿Qué cambios incluye la reforma?
El proyecto busca establecer nuevas disposiciones relacionadas con los procedimientos de planificación y permisos en Puerto Rico.
Entre los cambios que han generado mayor discusión se encuentran las modificaciones a la definición de la zona marítimo-terrestre y el tratamiento de terrenos clasificados como suelo rústico especialmente protegido.
Una de las enmiendas propone utilizar parámetros relacionados con los criterios de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) para la delimitación de determinadas zonas costeras.
También incluye disposiciones relacionadas con una servidumbre de salvamento en áreas próximas a la costa.
Por otro lado, contempla que la Junta de Planificación revise clasificaciones de terrenos especialmente protegidos para determinar si corresponde establecer categorías relacionadas con sensibilidad ecológica, conservación o protección ambiental.
Estos cambios han provocado preocupaciones sobre sus posibles consecuencias para la conservación de recursos naturales y las comunidades cercanas a determinadas áreas.
Sin embargo, el alcance definitivo de las disposiciones dependerá del texto que finalmente acuerden los legisladores.
La oposición cuestiona el proceso
Los portavoces del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) expresaron reservas sobre la reforma y el procedimiento utilizado para su aprobación.
El representante Héctor Ferrer Santiago cuestionó que las modificaciones puedan reducir protecciones ambientales y afectar mecanismos de fiscalización.
Por su parte, Denis Márquez Lebrón criticó el tiempo disponible para estudiar las enmiendas y expresó preocupación por las disposiciones relacionadas con terrenos protegidos.
Los legisladores también plantearon la necesidad de examinar cuidadosamente el documento final antes de completar su consideración.
Estas críticas representan las posturas de los legisladores y no constituyen, por sí solas, una determinación sobre los efectos jurídicos de la reforma.
Grupos ambientalistas denuncian dificultades de acceso
La controversia también se extendió fuera del hemiciclo, luego de que integrantes de distintas organizaciones ambientalistas denunciaran que se les impidió acceder a las gradas de la Cámara para presenciar los trabajos legislativos.
Entre los grupos que expresaron preocupación se encuentran Sierra Club Puerto Rico y otras organizaciones vinculadas con la protección ambiental.
Sus representantes sostuvieron que buscaban observar el proceso de discusión de una medida que podría tener consecuencias importantes para la planificación y conservación de terrenos en la Isla.
Asimismo, cerca de un centenar de planificadores, científicos y exfuncionarios habían solicitado la celebración de vistas públicas para examinar las modificaciones propuestas.
El reclamo se concentró en la necesidad de ofrecer mayores oportunidades de análisis y participación antes de aprobar cambios amplios al sistema de permisos.
¿Qué ocurrirá con el proyecto?
El próximo paso será la creación de un comité de conferencia, en el que representantes de la Cámara y el Senado deberán negociar las diferencias entre las versiones legislativas.
La Asamblea Legislativa tiene hasta el martes 17 de noviembre para llegar a acuerdos y completar las votaciones correspondientes durante esta sesión.
Una vez exista un texto final, ambos cuerpos deberán considerar las disposiciones acordadas.
Si la medida completa el trámite legislativo, pasará a la consideración de la gobernadora Jenniffer González.
Por ahora, la reforma representa un avance importante dentro del proceso legislativo, pero sus disposiciones todavía están sujetas a cambios.
La discusión mantiene abiertas preguntas sobre cómo se equilibrarán la agilización de permisos, la planificación territorial, la protección ambiental y la participación ciudadana.