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    Cientos de estudiantes sin transporte escolar por deuda de Educación en Puerto Rico

    La Federación de Porteadores Escolares denuncia que el Departamento de Educación mantiene una deuda de $9.5 millones con compañías de transporte, mientras una empresa suspendió operaciones.

    Redacción ABC 10 de noviembre de 2026

    Cientos de estudiantes de escuelas públicas en Puerto Rico enfrentaron dificultades para llegar a sus planteles este martes, 10 de noviembre, luego de que una compañía de transportación escolar suspendiera sus servicios debido a una alegada falta de pago del Departamento de Educación.

    La situación afecta rutas en municipios del área metropolitana y vuelve a poner bajo escrutinio las deudas gubernamentales con empresas responsables de transportar diariamente a estudiantes.

    El presidente de la Federación de Porteadores Escolares de Puerto Rico, José Rosado Rolón, denunció que el Departamento de Educación mantiene una deuda aproximada de $9.5 millones con decenas de compañías.

    Según el dirigente, esa cantidad corresponde a servicios previamente prestados y no incluye todas las obligaciones del año escolar en curso.

    Una compañía detiene sus operaciones

    De acuerdo con los informes de la Federación, la suspensión afectó aproximadamente 70 guaguas escolares que prestaban servicio a cerca de 20 escuelas en sectores de Carolina, Trujillo Alto y San Juan.

    El representante de los transportistas aclaró que la interrupción no responde a un paro organizado, sino a las dificultades económicas que enfrentan las compañías para mantener sus operaciones.

    Los proveedores deben cubrir gastos constantes de combustible, mantenimiento de vehículos, seguros, reparaciones y nómina, independientemente de cuándo reciban los pagos gubernamentales.

    Durante la tarde del martes, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, reconoció que existen deudas con transportistas escolares que se remontan a 2021.

    El funcionario sostuvo que los fondos están presupuestados, pero explicó que Educación debe completar gestiones con la Oficina de Gerencia y Presupuesto para obtener las autorizaciones correspondientes de la Junta de Supervisión Fiscal.

    Sin embargo, Peña Payano indicó que la información recibida temprano en la mañana no reflejaba menores afectados por una interrupción del servicio y reconoció que necesitaba corroborar si esa situación había cambiado posteriormente.

    Esta versión contrasta con las denuncias realizadas por los representantes de los porteadores.

    La Federación advirtió que otras compañías podrían verse obligadas a suspender operaciones si los pagos continúan retrasándose.

    Una interrupción prolongada podría complicar la asistencia a clases de estudiantes que dependen del transporte escolar para acceder a su educación.

    Por el momento, continúa pendiente conocer cuándo se completarán los desembolsos reclamados y qué medidas se implementarán para evitar nuevas interrupciones.

    La controversia plantea una pregunta sobre la administración de los recursos públicos: ¿cómo garantizar la continuidad de un servicio esencial cuando sus proveedores aseguran que llevan meses esperando cobrar?

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