Congresistas cuestionan a Jenniffer González por colaboración con ICE en Puerto Rico
Adriano Espaillat, Nydia Velázquez y Pablo José Hernández cuestionaron los operativos migratorios y la entrega de información de inmigrantes a las autoridades federales.
Las redadas migratorias realizadas en Puerto Rico provocaron nuevos cuestionamientos contra la administración de la gobernadora Jenniffer González, luego de que el congresista Adriano Espaillat asegurara sentirse engañado por compromisos que, según él, la mandataria no cumplió.
El presidente del Caucus Hispano del Congreso expresó su inconformidad durante una conferencia celebrada este viernes, 6 de noviembre, en la Casa Dominicana, en el sector Barrio Obrero de Santurce.
En el encuentro también participaron la congresista Nydia Velázquez y el comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pablo José Hernández Rivera.
Los tres funcionarios cuestionaron las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la colaboración del Gobierno de Puerto Rico con las autoridades migratorias federales.
Espaillat cuestiona un compromiso de la gobernadora
Durante su intervención, Espaillat relató que, luego de la elección de Jenniffer González, sostuvo una reunión con la mandataria en la que, según aseguró, ella se comprometió a no facilitar la participación del Gobierno de Puerto Rico en los operativos de ICE.
El congresista sostuvo que ese compromiso quedó en entredicho después de conocerse la entrega de información relacionada con inmigrantes a las autoridades federales.
Particularmente, cuestionó la entrega de datos personales de más de 6,000 inmigrantes durante enero de 2025.
Espaillat manifestó que esa información no debió compartirse con una agencia que realiza intervenciones migratorias en comunidades donde residen familias trabajadoras.
Sus declaraciones representan un señalamiento directo hacia la administración de González, aunque los compromisos descritos corresponden a la versión ofrecida por el legislador.
Cuestionan los operativos migratorios en Puerto Rico
Los congresistas también expresaron preocupación por las recientes intervenciones de ICE en comunidades de San Juan y otros municipios.
Durante la conferencia hicieron referencia a operativos realizados en sectores como Barrio Obrero y Villa Palmeras, donde residen numerosas familias inmigrantes.
Según los legisladores, las intervenciones han generado preocupación entre residentes que temen ser detenidos o separados de sus familias.
Los funcionarios cuestionaron los métodos utilizados por la agencia federal y plantearon la necesidad de establecer mecanismos de rendición de cuentas.
Las expresiones se producen en medio de una controversia más amplia sobre la coordinación entre las agencias migratorias federales y las autoridades locales.
Nydia Velázquez plantea eliminar ICE
Durante la actividad, la congresista Nydia Velázquez manifestó su posición a favor de eliminar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
La legisladora sostuvo que la agencia requiere cambios más profundos que una reforma administrativa.
También planteó que el Congreso podría examinar alternativas relacionadas con su financiamiento y los procedimientos utilizados durante los operativos.
Por su parte, Espaillat cuestionó las prácticas de la agencia y expresó su interés en promover medidas de fiscalización desde Washington.
Las propuestas expresadas por los congresistas no representan decisiones legislativas aprobadas y requerirían los procedimientos correspondientes para convertirse en ley.
Preocupación por la presencia de ICE en escuelas y hospitales
Otro de los asuntos discutidos fue la posibilidad de que agentes migratorios realicen intervenciones en espacios como escuelas, hospitales e iglesias.
Pablo José Hernández Rivera manifestó su interés en examinar medidas que limiten el acceso de las autoridades migratorias a determinadas instalaciones.
El comisionado residente señaló que debe revisarse cuidadosamente el contenido de las propuestas legislativas para distinguir entre las restricciones que puede establecer el Gobierno de Puerto Rico y las facultades de las autoridades federales.
También reconoció que una legislación local no puede anular una orden judicial válida emitida por un tribunal con jurisdicción.
La discusión busca establecer qué medidas de protección pueden adoptarse sin entrar en conflicto con las disposiciones legales aplicables.
¿Qué respuestas siguen pendientes?
Los señalamientos abren interrogantes sobre qué información ha compartido el Gobierno de Puerto Rico con ICE, bajo qué fundamento legal se realizó esa colaboración y qué restricciones existen sobre el uso de los datos.
También permanece la discusión sobre el nivel de coordinación que debe existir entre las agencias locales y federales durante las intervenciones migratorias.
Las declaraciones de los congresistas no establecen, por sí solas, que se haya cometido una violación de ley.
Sin embargo, sí plantean preguntas de interés público sobre transparencia gubernamental, protección de información personal y responsabilidad institucional.
Por ahora, los legisladores han adelantado su intención de continuar examinando las actuaciones de ICE y las posibles medidas que podrían impulsar desde el Congreso.