“Contrato tras contrato”: Ricardo cuestiona quién verifica antes de firmar
El portavoz de Victoria Ciudadana vinculó las controversias de Power Expectations y Miss Universe para cuestionar los procesos de contratación y fiscalización de fondos públicos.
“Contrato tras contrato tras contrato”. Con esa expresión, Ricardo Ramos cuestionó los controles que utiliza el Gobierno de Puerto Rico antes de comprometer fondos públicos con empresas privadas.
Durante De Arroz y de Masa, el coordinador de Comunicaciones del Movimiento Victoria Ciudadana utilizó las controversias de Power Expectations y Miss Universe para plantear que existe un problema recurrente de verificación y fiscalización en los procesos de contratación.
En el caso de Power Expectations, la controversia terminó con la cancelación de un contrato de hasta $5,887 millones para generación temporera. La Junta de Supervisión Fiscal revocó su aprobación después de que Enchanted Rock afirmara que nunca autorizó su participación y que su nombre y firma habían sido utilizados sin autorización. La Junta sostuvo que la participación de esa empresa había sido determinante para aprobar originalmente el acuerdo.
El caso de Miss Universe se encuentra en una etapa distinta. El Gobierno acordó aportar hasta $8.7 millones para celebrar el certamen en Puerto Rico y, hasta mediados de septiembre, había desembolsado $4.5 millones, mientras otros $4.2 millones permanecían pendientes.
Los nuevos cuestionamientos surgieron cuando representantes de Nawat Itsaragrisil alegaron ante el Senado que algunos fondos habrían sido depositados en cuentas que no pertenecían a la organización. La Comisión de Turismo solicitó evidencia bancaria, facturas, auditorías y resoluciones corporativas para verificar esas alegaciones.
La Compañía de Turismo, por su parte, sostiene que la contratación se realizó con la entidad autorizada, que los desembolsos requerían evidencia previa de gastos y que mantiene documentación sobre los $4.5 millones ya pagados. Por tanto, no se ha establecido que esos fondos públicos estén perdidos o hayan sido desembolsados indebidamente.
Ramos llevó ambas controversias a una crítica política más amplia. A su juicio, el Gobierno repite fallas al investigar quién está detrás de determinados contratos y termina exponiendo al país a controversias que involucran cantidades millonarias.
Gabriel Rodríguez Aguiló rechazó esa generalización y comparó el análisis de Ramos con el de un fanático que pretende dirigir un juego desde las gradas, argumentando que los procesos gubernamentales tienen regulaciones y complejidades que no siempre son visibles desde afuera.
La discusión queda ahora en un punto que trasciende ambos contratos: qué controles deben existir antes de comprometer fondos públicos y qué información debe verificarse sobre las empresas y personas con las que contrata el Gobierno.