CUD propone moratoria de seis meses a la crudita por alza en la luz
El Centro Unido de Detallistas plantea suspender temporalmente el impuesto como una medida para compensar el impacto del nuevo aumento eléctrico sobre comercios y consumidores.

El presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Alan Taveras, propuso este miércoles establecer una moratoria de seis meses en el cobro de la crudita como una medida de alivio ante el nuevo aumento en la factura eléctrica.
La propuesta surge luego de que entrara en vigor un incremento de 5.284 centavos por kilovatio-hora para el trimestre de octubre a diciembre.
Según un análisis de Inteligencia Económica divulgado por el CUD, el aumento podría representar alrededor de $218 millones en costos adicionales para la economía de Puerto Rico durante ese periodo.
Para una pequeña o mediana empresa típica, el incremento en la factura eléctrica rondaría el 17%.
El análisis estima además que aproximadamente $122.5 millones del impacto recaerían sobre comercios, industrias y fincas.
Taveras sostuvo que la moratoria permitiría aliviar parte de la presión económica que enfrentan las empresas mientras absorben el aumento en sus costos energéticos.
El presidente del CUD advirtió que las empresas tienen pocas alternativas frente al incremento: absorber el costo y reducir sus márgenes o trasladarlo, total o parcialmente, a los consumidores mediante aumentos en precios.
La organización plantea que la suspensión temporal de la crudita forme parte de una discusión más amplia sobre cómo reducir el costo de hacer negocios en Puerto Rico.
Sin embargo, la propuesta enfrenta un reto fiscal importante.
La Junta de Supervisión Fiscal ha rechazado anteriormente propuestas dirigidas a eliminar o reducir la crudita sin identificar una fuente de ingresos que sustituya el dinero que recauda el impuesto.
Según reportes previos, el gravamen puede generar hasta aproximadamente $345 millones, por lo que cualquier suspensión requeriría evaluar cómo compensar ese recaudo.
El CUD ha insistido en que el aumento eléctrico no debe analizarse de forma aislada, ya que los comerciantes también enfrentan costos relacionados con combustible, transportación, nómina, seguros e inventario.
La organización sostiene que la presión acumulada sobre esos gastos puede afectar la capacidad de las empresas para invertir, contratar personal y mantener sus operaciones.
Además de la moratoria, el CUD ha planteado discutir alternativas para reducir los costos energéticos a largo plazo, incluyendo mayor acceso a generación distribuida y almacenamiento para pequeñas y medianas empresas, así como medidas dirigidas a disminuir las pérdidas del sistema eléctrico.
Por el momento, la propuesta abre un nuevo debate sobre si el Gobierno debe utilizar alivios contributivos para compensar parte del impacto del aumento eléctrico y, de hacerlo, cómo reemplazaría los ingresos que dejaría de recibir.









