“De promesas la gente no come”: fuerte careo por las pensiones
Nina Valedón cuestionó de dónde saldrá el dinero recurrente para financiar la propuesta del Gobierno, mientras Tatiana Pérez defendió que el proceso legislativo debe continuar en busca de una solución.
“De promesas la gente no come”. Con esa frase, Nina Valedón resumió su crítica a la propuesta del Gobierno para elevar a $1,000 mensuales la pensión mínima de miles de empleados públicos retirados, provocando un fuerte intercambio con la representante Tatiana Pérez Ramírez.
Durante De Arroz y de Masa, Valedón cuestionó cómo se financiaría de forma recurrente el aumento y advirtió sobre la posibilidad de que, si eventualmente la Junta de Supervisión Fiscal frena la propuesta, el Gobierno termine responsabilizando al organismo fiscal.
“Si hay un proyecto serio, que se identifiquen los fondos recurrentes”, planteó Valedón, quien acusó al Gobierno de improvisar y sostuvo que los pensionados no deberían recibir promesas que luego no puedan materializarse.
Pérez Ramírez respondió cuestionando cuál sería entonces la alternativa para atender la situación de los jubilados.
“¿Pero qué hacemos? ¿Nada? ¿Cuál es tu brillante idea, Nina?”, lanzó la representante, defendiendo que precisamente el proceso legislativo permite evaluar propuestas, identificar alternativas y buscar cómo hacerlas viables.
El intercambio ocurre mientras la Legislatura analiza el Proyecto de la Cámara 1399 y su versión en el Senado, el PS 1428, medidas de administración que buscan fijar en $1,000 la pensión mínima mensual de determinados empleados públicos y maestros retirados.
La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa estimó que implementar la propuesta representaría aproximadamente $232.6 millones adicionales cada año fiscal por concepto de PayGo. La Junta de Retiro ha señalado que unas 53,500 personas podrían beneficiarse.
El Ejecutivo, por medio del director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera Berríos, ha sostenido que existe una fuente de recursos dentro del Fondo General y las partidas de PayGo. Sin embargo, continúan los cuestionamientos sobre cómo se sostendría ese gasto de forma recurrente y sobre otro obstáculo significativo: el Plan de Ajuste de la Deuda contiene una prohibición por diez años contra legislación que cree o aumente determinados beneficios de pensión.
La controversia tomó aún más fuerza después de que OGP, Hacienda y AAFAF no comparecieran a la primera vista pública cameral en la que se esperaba discutir precisamente el origen de los fondos y el choque potencial con el Plan de Ajuste.
Entre interrupciones, cuestionamientos sobre planificación fiscal y reclamos para buscar soluciones, el intercambio entre Pérez Ramírez y Valedón llegó a tal nivel que la moderadora intervino con una advertencia jocosa: “Me avisa si hacen el programa entre ustedes para yo caminar por ahí e irme”.
Detrás del careo queda una discusión que todavía no tiene una respuesta definitiva: existe consenso sobre las dificultades que enfrentan muchos pensionados, pero ahora corresponde determinar si el Gobierno puede convertir el aumento prometido en una medida fiscal y legalmente viable.