Directo y Sin Filtro

    "El Estado tiene la culpa": cuestionan manejo del caso del hogar de Las Piedras

    Jonathan Morales aseguró que la investigación por alegado maltrato llevaba meses en curso y cuestionó que la licencia del hogar fuera revocada solo después del más reciente incidente.

    Redacción ABC 15 de julio de 2026

    El caso del hogar de cuidado prolongado Casa Dorada, en Las Piedras, volvió a poner bajo la lupa los procesos de fiscalización del Departamento de la Familia y el manejo de las investigaciones por alegado maltrato a adultos mayores.

    Durante una entrevista en Directo y Sin Filtro, el presidente de la Federación de Instituciones de Cuidado Prolongado, Jonathan Morales, aseguró que la investigación administrativa contra la institución había comenzado en septiembre de 2025 por denuncias de presunto maltrato. Según explicó, tras iniciarse ese proceso, el Departamento de la Familia reubicó a 17 residentes que estaban bajo su custodia, mientras otros cinco permanecieron en el hogar bajo acuerdos privados.

    Sin embargo, Morales cuestionó que la licencia de la institución no fuera revocada hasta julio de 2026, luego del reciente caso que provocó indignación pública y que llevó al cierre inmediato del hogar. El Departamento de la Familia informó que el centro ya era objeto de una investigación por alegada negligencia cuando ocurrió el nuevo incidente.

    Para el líder de la federación, la responsabilidad también recae sobre el Estado.

    "Si el Estado no fiscaliza adecuadamente estas facilidades, el Estado tiene la culpa de lo que está pasando", sostuvo al señalar que los procesos investigativos deberían resolverse con mayor agilidad.

    Además, explicó que cuando un hogar pierde su licencia o los residentes son removidos, los adultos mayores son trasladados a otras instituciones para garantizar la continuidad de su cuidado.

    Las expresiones surgen luego de que el Departamento de la Familia cancelara la licencia del hogar Casa Dorada tras un nuevo caso de alegado maltrato contra una residente de 86 años. La agencia indicó que la institución ya estaba bajo investigación administrativa y que, previo al cierre, la mayoría de los residentes habían sido reubicados

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