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    Ética Gubernamental presenta querellas contra Francisco Domenech e Itza García

    La Oficina de Ética Gubernamental señala presuntas violaciones legales relacionadas con la contratación de una abogada y gestiones para beneficiar a la pareja de una exfuncionaria.

    Redacción ABC 3 de noviembre de 2026

    La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) presentó este martes querellas administrativas contra el exsecretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y la exsubsecretaria, Itza García, por presuntas violaciones a la Ley de Ética Gubernamental relacionadas con contrataciones y gestiones realizadas durante su paso por el gobierno.

    Las acciones se producen meses después de que ambos funcionarios abandonaran sus cargos en medio de controversias relacionadas con sus ejecutorias.

    Según las querellas, la OEG solicita que se impongan sanciones civiles equivalentes a tres veces el valor del beneficio económico que se determine, si alguno, además de la restitución de fondos públicos que correspondan.

    ¿Qué se le imputa a Francisco Domenech?

    De acuerdo con la querella, mientras ocupaba la Secretaría de la Gobernación, Domenech autorizó un contrato de servicios profesionales para Parra en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.

    El acuerdo, autorizado en agosto de 2025, contemplaba una compensación de $125,000 y estaba vigente hasta junio de 2026.

    Posteriormente, y a pocos días de su salida del gobierno en agosto de 2026, se conoció que Parra asumió la representación legal del exfuncionario.

    Domenech rechazó las imputaciones y sostuvo que la interpretación realizada por la agencia es incorrecta. También planteó que defenderá su derecho a contar con representación legal.

    Las gestiones atribuidas a Itza García

    En cuanto a Itza García, la OEG cuestiona gestiones relacionadas con un contrato de servicios profesionales adjudicado a una empresa vinculada con su pareja sentimental, Luis Alberto Sánchez Andino.

    Posteriormente, habría dado seguimiento al proceso de contratación.

    El acuerdo entre el DDEC, la Oficina de Gerencia de Permisos y la empresa Next Wave Solutions se formalizó en diciembre de 2025 por $120,000.

    La Oficina de Ética Gubernamental plantea que las gestiones atribuidas a García podrían afectar la imparcialidad y la integridad que deben caracterizar el ejercicio de funciones públicas.

    La OEG solicita sanciones civiles y la devolución de beneficios económicos que se determinen conforme a los procedimientos correspondientes.

    Ambos exfuncionarios cuentan con un término de 20 días para responder a los señalamientos.

    Las querellas no constituyen una determinación final de responsabilidad. Los procedimientos administrativos deberán evaluar los hechos, las defensas presentadas y la evidencia disponible.

    Por ahora, el caso vuelve a colocar bajo escrutinio los controles para evitar conflictos de interés y garantizar la transparencia en las contrataciones gubernamentales.

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