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    Familia de Renee Good demanda al Gobierno de EE.UU. por su muerte

    Los familiares presentaron dos demandas civiles contra Estados Unidos, el agente que disparó y varios funcionarios federales.

    Redacción ABC 2 de octubre de 2026

    La familia de Renee Nicole Good presentó dos demandas civiles relacionadas con su muerte a manos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante un operativo migratorio en Minneapolis.

    Good, de 37 años y madre de tres, murió el pasado 7 de enero después de recibir varios disparos mientras se encontraba dentro de su vehículo durante la llamada Operation Metro Surge, una operación federal de inmigración desplegada en Minnesota.

    Las demandas fueron presentadas por su pareja, Becca Good, y su hermano Brent Ganger.

    La primera acción legal tiene como demandado al Gobierno de Estados Unidos y alega muerte por negligencia bajo las leyes de Minnesota, además de agresión, detención ilegal, daño emocional y negligencia.

    En ese caso, la familia alega que existió una conspiración para violar derechos civiles y sostiene que la operación migratoria buscó afectar de manera particular a comunidades de origen somalí e hispano y a personas que protestaban contra las intervenciones federales.

    Esas afirmaciones forman parte de las alegaciones de la demanda y no constituyen determinaciones judiciales.

    La defensa de la familia sostiene que Good estaba desarmada, no era sospechosa de ningún delito y que intentaba retirarse del lugar cuando recibió los disparos.

    Funcionarios federales han defendido previamente la actuación del agente y han señalado que actuó en defensa propia. La familia, sin embargo, sostiene que se utilizó fuerza excesiva y que Good no representaba una amenaza que justificara dispararle.

    El agente no ha sido acusado criminalmente por la muerte de Good. Autoridades estatales en Minnesota mantienen investigaciones relacionadas con el caso.

    Las dos demandas buscan compensación económica y que un jurado evalúe las alegaciones presentadas por la familia.

    El caso coloca nuevamente bajo escrutinio el uso de la fuerza durante operativos federales de inmigración y podría convertirse en una de las principales disputas civiles surgidas de las operaciones realizadas en Minnesota durante 2026.

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