Gobierno de Puerto Rico notifica posible cancelación de contrato con New Fortress Energy
La Oficina Independiente de Adquisiciones emitió una notificación inicial por alegados incumplimientos del contrato de gas natural licuado. La cancelación todavía no es definitiva.

El Gobierno de Puerto Rico dio este jueves un nuevo paso hacia la posible cancelación del contrato de suministro de gas natural licuado con New Fortress Energy (NFE), una decisión que podría tener consecuencias para la operación de las centrales eléctricas y los costos de generación en la Isla.
La Oficina Independiente de Adquisiciones, conocida como 3PPO, emitió una notificación inicial dirigida a la empresa por alegados incumplimientos de sus obligaciones contractuales.
La información fue divulgada durante una vista de la Comisión de Transportación de la Cámara de Representantes por Lionel Santa Crispín, director jurídico de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP).
Aunque el aviso representa un paso dentro del procedimiento contractual, todavía no significa que el Gobierno haya cancelado definitivamente el acuerdo.
¿Por qué el Gobierno evalúa cancelar el contrato?
La posibilidad de terminar el contrato con New Fortress Energy había sido discutida previamente debido a controversias relacionadas con el suministro de combustible para la generación eléctrica.
Funcionarios gubernamentales han señalado presuntos incumplimientos de disposiciones del acuerdo que regula la entrega de gas natural licuado.
Uno de los antecedentes principales fue la interrupción del suministro asociada con la entrada de la embarcación Amur River a la bahía de San Juan.
La situación provocó dificultades para mantener el flujo habitual de gas natural y obligó a recurrir a alternativas de combustible más costosas para sostener la generación eléctrica.
El Gobierno ha identificado estos acontecimientos como parte de las preocupaciones sobre el cumplimiento contractual.
Por su parte, New Fortress Energy ha rechazado anteriormente los señalamientos de incumplimiento.
¿Qué significa la notificación de cancelación?
La notificación emitida por la Oficina Independiente de Adquisiciones constituye una etapa formal dentro del proceso contemplado para atender posibles incumplimientos.
Su propósito es comunicar a la empresa los señalamientos que podrían justificar la terminación del acuerdo.
Sin embargo, el Gobierno deberá evaluar los procedimientos establecidos, las obligaciones contractuales y las posibles consecuencias antes de completar cualquier cancelación.
Santa Crispín advirtió que la terminación no puede analizarse como una decisión aislada, debido a la importancia que tiene el suministro de combustible para el sistema eléctrico.
Esto significa que cualquier determinación deberá considerar la continuidad de las operaciones y las alternativas disponibles.
El impacto sobre la generación eléctrica
El gas natural licuado se utiliza como combustible en unidades generatrices del sistema eléctrico puertorriqueño.
Cuando su suministro se interrumpe, algunas instalaciones pueden necesitar utilizar otros combustibles, dependiendo de sus capacidades operacionales.
En determinadas circunstancias, el uso de alternativas como el diésel puede aumentar los costos de producción de electricidad.
Por esta razón, las controversias relacionadas con el suministro de gas tienen implicaciones que van más allá de una disputa contractual entre el Gobierno y una empresa privada.
También pueden influir en la planificación de las operaciones y en los costos que eventualmente enfrenta el sistema eléctrico.
No obstante, todavía no se ha establecido cuánto costaría una eventual cancelación ni qué efecto específico tendría sobre las facturas de los consumidores.
¿Qué pasará con el contrato vigente?
El acuerdo de suministro con New Fortress Energy se extiende hasta 2032, por lo que una terminación anticipada requeriría atender las disposiciones aplicables y las obligaciones de las partes.
El Gobierno deberá examinar tanto los presuntos incumplimientos como las alternativas que permitirían garantizar la continuidad del suministro.
Entre los asuntos pendientes figuran los términos contractuales, los mecanismos de sustitución del suplidor y los posibles efectos económicos de cualquier cambio.
Mientras tanto, el contrato no debe considerarse cancelado hasta que concluya el procedimiento correspondiente.
Una decisión con consecuencias para los abonados
La controversia genera interrogantes sobre la administración de los contratos energéticos y la fiscalización de las empresas que participan en el sistema eléctrico de Puerto Rico.
También plantea la necesidad de garantizar que los cambios en los acuerdos comerciales no provoquen nuevas dificultades de suministro.
Por ahora, el aviso emitido por el Gobierno marca el comienzo de una nueva etapa en la disputa con New Fortress Energy.
Las próximas decisiones permitirán determinar si el proceso culmina en la cancelación del contrato, en medidas correctivas o en alguna otra solución contemplada entre las partes.









