Gobierno de Trump busca inmunidad judicial para Delcy Rodríguez en EE. UU
La administración estadounidense intervino en un proceso judicial en Florida argumentando que la funcionaria venezolana debe ser protegida por inmunidad diplomática, una decisión que ya provoca un intenso debate.
Un nuevo capítulo se suma a la compleja relación entre Estados Unidos y Venezuela. La administración del presidente Donald Trump solicitó que los tribunales estadounidenses reconozcan la inmunidad judicial de Delcy Rodríguez dentro de un proceso civil que la vincula con presuntas violaciones a los derechos humanos.
La petición representa un giro significativo dentro del caso, ya que busca impedir que la funcionaria responda ante la justicia estadounidense mientras permanezca en el cargo que Washington reconoce oficialmente. La medida ha despertado cuestionamientos tanto en el ámbito político como entre organizaciones defensoras de derechos humanos.
El caso se desarrolla en un tribunal federal de Florida, donde varios ciudadanos estadounidenses demandaron a altos funcionarios venezolanos tras denunciar que fueron víctimas de secuestros, torturas y otros abusos durante su permanencia en Venezuela.
Aunque el proceso judicial continúa contra Nicolás Maduro y otros miembros del chavismo, la solicitud presentada por el Gobierno estadounidense plantea que Delcy Rodríguez no puede ser juzgada por cortes norteamericanas debido a la inmunidad que, según el derecho internacional, corresponde a los jefes de Estado reconocidos oficialmente.
Desde la Casa Blanca sostienen que mantener el proceso contra Rodríguez podría afectar asuntos relacionados con la política exterior de Estados Unidos, por lo que consideran necesario que sea excluida de la demanda mientras continúe ejerciendo esas funciones.
La decisión ha generado opiniones divididas. Para algunos especialistas se trata de una aplicación tradicional de las normas diplomáticas internacionales. Otros, sin embargo, cuestionan que una figura señalada en denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos pueda quedar protegida frente a acciones judiciales.
Mientras el tribunal analiza la solicitud, el caso vuelve a colocar sobre la mesa el delicado equilibrio entre la diplomacia internacional y el derecho de las víctimas a buscar justicia. El desenlace podría tener repercusiones tanto jurídicas como políticas para las relaciones entre Washington y Caracas.