Gobierno rechaza cálculo de $1,300 millones presentado por LUMA
El zar de Energía, Josué Colón Ortiz, sostuvo que cerca del 70% del cálculo corresponde a obligaciones operacionales que existirían sin importar quién administre la red eléctrica.

El Gobierno de Puerto Rico rechazó este martes el cálculo de $1,300 millones presentado por LUMA Energy ante el Tribunal Supremo como posible consecuencia de una terminación anticipada de su contrato para operar el sistema de transmisión y distribución eléctrica.
Según la posición gubernamental, cerca del 70% de esa cifra corresponde a balances operacionales, cuentas por pagar y otras obligaciones que existirían independientemente de la empresa que tenga a su cargo la operación de la red.
El zar de Energía, Josué Colón Ortiz, rechazó que esas partidas puedan interpretarse como cantidades que la Autoridad de Energía Eléctrica adeude directamente a LUMA.
Colón Ortiz sostuvo que los problemas de liquidez, las cuentas pendientes con suplidores y otros gastos operacionales forman parte del funcionamiento del sistema eléctrico y no desaparecerían simplemente con un cambio de operador.
La reacción del Gobierno ocurre luego de que el vicepresidente de LUMA Energy, José Pérez, aclarara que la empresa no está solicitando un pago de $1,300 millones para abandonar Puerto Rico.
Según Pérez, la cifra responde a distintas partidas establecidas en el contrato y a costos que, desde la perspectiva de LUMA, podrían surgir si el acuerdo es terminado antes de tiempo.
La disputa forma parte del caso que actualmente evalúa el Tribunal Supremo de Puerto Rico en torno a la extensión del contrato de LUMA acordada en noviembre de 2022.
El Gobierno, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y la AEE sostienen que el máximo foro judicial debe determinar si esa extensión cumplió con los requisitos legales y regulatorios aplicables.
LUMA mantiene una posición distinta y sostiene que la extensión estaba contemplada dentro del acuerdo original, por lo que no era necesario iniciar un nuevo proceso de aprobación.
El Gobierno también ha planteado que, si el Tribunal Supremo determina que la extensión contractual es nula, existen mecanismos para mantener la operación de la red durante una eventual transición hacia otro operador privado.
La gobernadora Jenniffer González Colón también calificó este martes como “falso” el costo estimado de $1,300 millones relacionado con una posible cancelación contractual.
La controversia continúa centrada en qué obligaciones realmente surgirían de una terminación anticipada y cuáles corresponden al funcionamiento ordinario del sistema eléctrico, independientemente de quién lo administre.









