Junta Fiscal solicita historial de pagos de New Fortress por muelle en San Juan
El organismo fiscal solicitó a la Autoridad de los Puertos documentación sobre el arrendamiento de instalaciones portuarias utilizadas por la empresa para recibir gas natural.
La Junta de Supervisión Fiscal solicitó a la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico documentación sobre el historial de pagos de NFEnergía, subsidiaria de New Fortress Energy, por el arrendamiento de instalaciones portuarias en San Juan.
La petición busca esclarecer si la empresa se encuentra al día con sus obligaciones económicas relacionadas con un contrato firmado en 2018.
El acuerdo corresponde al uso de instalaciones del muelle de Puerto Nuevo, donde la compañía recibe y procesa gas natural destinado al abastecimiento de la central San Juan.
¿Qué información exige la Junta?
La solicitud fue dirigida al director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Norberto Negrón Díaz, mediante una comunicación del director ejecutivo de la Junta, Robert F. Mujica.
El organismo fiscal pidió información que permita examinar el cumplimiento de las obligaciones económicas establecidas en el contrato de arrendamiento.
Entre los asuntos que busca esclarecer se encuentra si los pagos correspondientes a la Autoridad de los Puertos se encuentran al corriente.
La Junta estableció un plazo para que se entregara la documentación solicitada.
La petición forma parte de las gestiones del organismo para examinar acuerdos gubernamentales y sus implicaciones fiscales.
Un contrato firmado en 2018
El arrendamiento de las instalaciones portuarias fue acordado en 2018, cuando New Fortress Energy comenzaba a desarrollar sus operaciones de suministro de gas natural en Puerto Rico.
Según el reporte sobre la solicitud, el contrato se formalizó sin la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal.
Este antecedente constituye uno de los elementos que rodean el escrutinio sobre el acuerdo.
Las instalaciones arrendadas permiten recibir y procesar gas natural que posteriormente se utiliza en operaciones de generación eléctrica.
Por esa razón, el contrato no solamente representa una relación comercial entre una empresa y una entidad pública, sino que también está vinculado con el funcionamiento de parte del sistema energético del país.
¿New Fortress tiene una deuda?
Hasta el momento, la solicitud de la Junta no constituye una confirmación de que New Fortress Energy mantenga pagos atrasados.
Precisamente, el organismo fiscal busca obtener los registros necesarios para determinar el estado de las obligaciones contractuales.
La información solicitada deberá permitir conocer qué cantidades correspondía pagar, cuáles fueron desembolsadas y si existe algún balance pendiente.
Cualquier conclusión sobre posibles incumplimientos dependerá del examen de los documentos y de las disposiciones establecidas en el contrato.
La controversia ocurre en medio de problemas con el gas natural
La solicitud coincide con nuevas dificultades relacionadas con el suministro de gas natural para la central San Juan.
Genera PR informó que está buscando un proveedor alterno luego de agotarse el combustible disponible mediante el buque Amur River.
Mientras se gestiona un nuevo cargamento, la central utiliza diésel, cuyo costo puede resultar considerablemente superior al del gas natural.
La situación ha generado preocupación sobre la estabilidad del abastecimiento y los costos operacionales del sistema eléctrico.
Aunque ambos asuntos involucran a empresas relacionadas con el suministro de combustible, la investigación de los pagos portuarios y los problemas de abastecimiento constituyen asuntos distintos que deben analizarse por separado.
¿Qué viene ahora?
La Junta de Supervisión Fiscal deberá examinar la información solicitada para determinar si existen asuntos que requieran aclaraciones o medidas adicionales.
Los documentos también podrían permitir conocer con mayor precisión las obligaciones económicas de NFEnergía bajo el acuerdo de arrendamiento.
Por el momento, no se ha confirmado públicamente una deuda como resultado de esta solicitud.
El caso abre una nueva discusión sobre la fiscalización de contratos relacionados con la infraestructura energética y la importancia de garantizar transparencia en los acuerdos entre empresas privadas y entidades públicas.