Junta levanta bandera sobre aumento de pensiones y advierte litigios “innecesarios y costosos”
El organismo fiscal sostiene que el aumento retroactivo no fue contemplado en el presupuesto certificado y exige una fuente de financiamiento recurrente y sostenible.
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) levantó bandera sobre el proyecto de administración que busca aumentar a $1,000 la pensión mínima mensual de empleados públicos y maestros retirados, al advertir que la medida podría crear un gasto no presupuestado y exponer al Gobierno a litigios “innecesarios y costosos”.
La iniciativa fue radicada el 19 de agosto de 2026 como Proyecto del Senado 1428 y Proyecto de la Cámara 1399 y propone que el aumento sea efectivo de manera retroactiva al 1 de julio de 2026.
En una comunicación dirigida a la gobernadora Jenniffer A. González Colón, al presidente de la Cámara, Carlos Méndez Núñez, y al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, la Junta sostuvo que la propuesta no fue considerada durante el desarrollo del Presupuesto del Año Fiscal 2027.
Según la comunicación, el presupuesto había sido certificado menos de 60 días antes cuando la Junta emitió su advertencia.
“El Gobierno y la Legislatura están impulsando una medida con un impacto fiscal inmediato que el Presupuesto recién certificado no contempla”, señaló el organismo.
La Junta añadió que aprobar la iniciativa en esas condiciones “expondría al Gobierno a riesgos de litigio innecesarios y costosos”.
El proyecto propone garantizar un pago mínimo mensual de $1,000 a empleados públicos y maestros pensionados, pero la Junta insiste en que cualquier legislación que aumente beneficios de retiro debe contar primero con un análisis actuarial independiente.
Ese estudio, según el organismo fiscal, tendría que identificar tanto los costos anuales como las obligaciones a largo plazo, incluyendo el impacto de hacer efectivo el aumento de manera retroactiva.
La Junta también exige que cualquier beneficio permanente tenga una fuente de financiamiento recurrente y sostenible.
El organismo advirtió que disponer de fondos durante un año fiscal particular no demuestra, por sí solo, que un aumento permanente en las pensiones sea sostenible en el tiempo.
En su comunicación, calificó como “fiscalmente irresponsable” crear una obligación recurrente sin contabilizar y financiar todos sus costos.
La JSF sostuvo además que el Presupuesto certificado ya enfrenta riesgos fiscales importantes relacionados con el programa de Medicaid y el Departamento de Educación de Puerto Rico.
La advertencia coloca ahora presión sobre el Ejecutivo y la Legislatura para demostrar cómo se financiaría el aumento sin comprometer el presupuesto ni entrar en conflicto con las exigencias fiscales bajo PROMESA.
El futuro de la medida dependerá de cómo el Gobierno atienda las preocupaciones levantadas por la Junta y de si logra presentar evidencia de que el aumento puede financiarse de manera sostenible.