Justicia presenta cargos contra madre y padrastro por presunto maltrato a niño con autismo
El menor de nueve años presentaba hematomas en ambos ojos y otras partes del cuerpo. La intervención del personal escolar dio paso a una investigación que culminó con la presentación de cargos criminales.
La intervención del personal de una escuela permitió identificar un presunto caso de maltrato contra un niño de nueve años con autismo, luego de que el menor llegara al plantel con hematomas en ambos ojos y otras partes del cuerpo.
El Departamento de Justicia de Puerto Rico informó este miércoles que presentó cargos criminales contra la madre y el padrastro del niño, por hechos investigados en la región judicial de Caguas.
La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, destacó la importancia de la respuesta del personal educativo ante las señales de posible violencia.
El personal escolar identificó las lesiones
De acuerdo con la investigación, el 12 de marzo de 2026 el niño llegó a su escuela con lesiones visibles, lo que motivó la activación del protocolo de intervención y protección.
La actuación de los empleados escolares permitió que las autoridades examinaran las circunstancias en las que se encontraba el menor.
Durante la investigación, el padrastro del niño, identificado como Kenneth Santos Guzmán, admitió ante las autoridades que había perdido el control y agredido al menor utilizando una correa, según informó el Departamento de Justicia.
Por su parte, a la madre, Dannivette Rivera Vázquez, se le imputa haber tenido conocimiento de las agresiones y no haber procurado atención médica inmediata para su hijo.
Estas alegaciones forman parte del proceso criminal y deberán ser examinadas por los tribunales.
¿Qué cargos enfrentan los acusados?
La Fiscalía de Caguas, representada por la fiscal Carmen I. Rodríguez Arroyo, presentó un cargo por maltrato contra Santos Guzmán y uno por negligencia contra Rivera Vázquez.
Los delitos se encuentran contemplados en la Ley 57-2023, conocida como Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores.
Tras evaluar la prueba presentada, el Tribunal de Primera Instancia de Caguas encontró causa para arresto contra ambos imputados.
La jueza Salva Sandoval impuso una fianza de $3,000 a cada acusado.
Santos Guzmán ingresó a prisión, mientras que Rivera Vázquez permaneció bajo supervisión electrónica.
La investigación estuvo a cargo de la agente Linnette Matos Rivera, del Negociado de la Policía de Puerto Rico.
La importancia de reconocer señales de posible maltrato
El caso vuelve a destacar el papel que desempeñan las instituciones educativas en la identificación de situaciones que podrían comprometer la seguridad de los menores.
Los maestros, trabajadores sociales y otros empleados escolares pueden encontrarse entre las primeras personas fuera del entorno familiar que observan cambios físicos o conductuales que ameritan atención.
En situaciones de posible maltrato, la activación oportuna de los protocolos permite que las autoridades correspondientes evalúen los hechos y adopten medidas de protección.
La presencia de lesiones visibles no determina por sí sola que exista maltrato, pero puede justificar una intervención para esclarecer su origen y proteger al menor.
Justicia destaca el papel de las escuelas
El caso forma parte de un conjunto de investigaciones por presunto maltrato y negligencia contra menores anunciado por el Departamento de Justicia.
En total, la Fiscalía de Caguas presentó 14 cargos contra cinco personas en tres casos separados.
En dos de esas investigaciones, las autoridades señalaron que el personal de una escuela y de un centro Head Start identificó lesiones en menores y activó los mecanismos correspondientes.
La secretaria Gómez Torres resaltó que estas intervenciones reflejan la importancia de no ignorar señales que puedan indicar una situación de riesgo.
¿Qué ocurrirá ahora?
Los procedimientos judiciales continuarán con las etapas correspondientes del proceso criminal.
Las vistas preliminares de los casos anunciados por Justicia fueron señaladas para el 17 de noviembre de 2026.
Durante estas etapas se evaluarán las pruebas y los planteamientos de las partes conforme a las garantías del debido proceso.
Los acusados mantienen su presunción de inocencia mientras no exista una determinación judicial definitiva.
Por tratarse de un menor de edad, se preserva su identidad y se evita divulgar información que pueda comprometer su privacidad o bienestar.
El caso destaca la importancia de la detección temprana, la coordinación entre instituciones y la respuesta oportuna cuando surgen indicios de posible maltrato infantil.