Directo y Sin Filtro

    “Las señales estaban ahí”: Jonathan pregunta qué pasó con los referidos antes de la tragedia

    Educación confirmó que el adolescente acusado no tenía matrícula activa, presentó largos periodos de ausentismo cuando estudiaba en el sistema público y tuvo referidos relacionados con esa situación.

    Redacción ABC 30 de septiembre de 2026

    “Las señales están ahí, la pregunta es quién estaba mirando”.

    Con esa reflexión, Jonathan puso el foco de Problematizando en lo que ocurrió antes del caso que culminó con la muerte de Lourdes Pérez Mercado, de 67 años, y dejó gravemente herido a otro de sus nietos en Guaynabo.

    El Departamento de Justicia radicó cargos de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y violación a la Ley de Armas contra un adolescente de 16 años por los hechos ocurridos el sábado 26 de septiembre en Santa María Shopping Center. Será procesado como adulto, se le fijó una fianza de $225,000 que no prestó y su vista preliminar está señalada para el 8 de octubre.

    Pero Jonathan planteó que la discusión pública no debería limitarse al castigo posterior.

    Este lunes, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, confirmó que el joven no figura actualmente con matrícula activa en las escuelas públicas. Según explicó, durante años anteriores en los que sí estuvo matriculado presentó extensos periodos de ausentismo y hubo referidos relacionados con esa situación.

    El Departamento de la Familia confirmó además que la familia tenía un caso activo, iniciado por un referido relacionado con una alegación de negligencia médica. La agencia no ofreció detalles adicionales debido a la edad del imputado.

    Para Jonathan, esos datos abren preguntas que todavía necesitan respuesta: ¿qué seguimiento tuvieron los referidos?, ¿qué agencias intervinieron?, ¿qué acciones se realizaron y qué ocurrió después?

    La Ley de Reforma Educativa establece asistencia escolar obligatoria entre los 5 y 18 años, salvo las excepciones contempladas por ley, y dispone responsabilidades para padres, encargados y funcionarios del sistema educativo relacionadas con el cumplimiento de esa asistencia.

    Jonathan aclaró que plantear esas preguntas no significa justificar la conducta imputada ni establecer que una falla gubernamental provocó el crimen.

    Su planteamiento apunta a otra discusión: si los mecanismos existentes para identificar y atender a menores con ausentismo prolongado y otras situaciones de vulnerabilidad están funcionando como deberían.

    “Las señales están ahí, la pregunta es quién estaba mirando”, resumió.

    El proceso criminal continúa y el adolescente tiene derecho a defenderse de las acusaciones en su contra mientras el Ministerio Público deberá probarlas en tribunal.

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