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    LUMA cifra en $1,300 millones el costo de cancelar su contrato

    La empresa sostiene que anular la extensión de su acuerdo podría generar costos millonarios y poner en riesgo fondos federales destinados al sistema eléctrico.

    Redacción ABC 5 de octubre de 2026

    LUMA Energy aseguró ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico que declarar nula la extensión de su contrato suplementario y, como consecuencia, terminar el acuerdo de operación y mantenimiento de la red eléctrica podría representar aproximadamente $1,300 millones en costos.

    La cifra fue presentada como parte de los argumentos de la empresa ante el máximo foro judicial en medio del litigio relacionado con la continuidad de su contrato para operar el sistema de transmisión y distribución de energía en Puerto Rico.

    La presidenta y principal oficial ejecutiva de LUMA, Janisse Quiñones, presentó una declaración jurada en la que detalló las consecuencias económicas que, según su evaluación, tendría la terminación del acuerdo.

    Quiñones sostuvo que, de los aproximadamente $1,300 millones calculados por la empresa, al menos $726 millones corresponderían a costos que considera inevitables y para los cuales, según indicó, no existe una fuente de fondos identificada.

    Además, sostuvo que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) podría quedar expuesta a reclamaciones relacionadas con cerca de $2,200 millones que ya habrían sido invertidos en proyectos.

    El desglose presentado por LUMA incluye $143.3 millones por el cargo contractual de terminación y otros $117.8 millones relacionados con una transición de salida de 12 meses.

    A esa cantidad, la empresa añadió otros $117.8 millones que estima serían necesarios para la entrada de un operador sustituto.

    Las cifras forman parte de la posición presentada por LUMA ante el Tribunal Supremo y no constituyen una determinación judicial sobre cuánto costaría finalmente una eventual terminación del contrato.

    El caso se encuentra ante el Tribunal Supremo luego de que el gobierno impulsara acciones dirigidas a anular el acuerdo que mantiene a LUMA a cargo de la operación de la red de transmisión y distribución. El alto foro tiene ante su consideración los argumentos relacionados con la validez del contrato y las posibles consecuencias de una anulación.

    La disputa coloca nuevamente en el centro del debate tanto el futuro de la administración del sistema eléctrico como el costo y la logística que implicaría una transición hacia otro operador o hacia una estructura distinta.

    Ahora corresponderá al Tribunal Supremo evaluar los planteamientos de las partes antes de determinar el curso del litigio.

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