LUMA exige investigar alegaciones de presiones al Tribunal Supremo contra Jenniffer González
La presidenta de LUMA solicitó una investigación sobre alegaciones de supuestos acercamientos a jueces del Tribunal Supremo relacionados con el contrato de la empresa. La Fortaleza rechazó los señalamientos.
Una nueva controversia rodea el futuro del contrato de LUMA Energy en Puerto Rico, luego de que surgieran alegaciones sobre supuestos intentos de influir en jueces del Tribunal Supremo para favorecer la anulación del acuerdo con el operador eléctrico.
La presidenta de LUMA Energy, Janisse Quiñones, solicitó este miércoles una investigación inmediata y transparente para esclarecer los señalamientos, mientras La Fortaleza rechazó categóricamente que la gobernadora Jenniffer González Colón haya realizado acercamientos indebidos a integrantes del máximo foro judicial.
La situación ocurre mientras el Tribunal Supremo evalúa asuntos relacionados con la validez del contrato de LUMA y su permanencia como operador de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico.
¿De dónde surgen las alegaciones?
La controversia comenzó luego de que el abogado y comentarista Eddie López Serrano divulgara información que, según indicó, recibió de una fuente sobre supuestas comunicaciones de la gobernadora con jueces del Tribunal Supremo.
De acuerdo con las expresiones de López Serrano, esos acercamientos habrían tenido como propósito influir en el voto de los magistrados para favorecer una decisión contraria a LUMA.
El abogado también mencionó supuestos ofrecimientos relacionados con nombramientos y contratos gubernamentales.
Sin embargo, estas alegaciones no han sido corroboradas de manera independiente y no existe una determinación oficial que establezca que los hechos denunciados ocurrieron.
LUMA solicita una investigación
Ante los señalamientos, Quiñones sostuvo que cualquier posible intento de interferencia en las decisiones judiciales debe ser investigado.
La ejecutiva aclaró que la empresa no busca recibir un trato especial ni cuestionar la integridad de los jueces del Tribunal Supremo.
Según explicó, la preocupación de LUMA está relacionada con la necesidad de garantizar que las controversias judiciales se resuelvan de acuerdo con la ley y las pruebas presentadas.
También advirtió que una situación de esta naturaleza, de comprobarse, podría afectar la confianza pública en las instituciones judiciales.
La Fortaleza rechaza los señalamientos
El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, rechazó las alegaciones relacionadas con la gobernadora.
El funcionario aseguró que González Colón no se ha comunicado con jueces del Tribunal Supremo para ejercer presión o influir en decisiones relacionadas con LUMA.
La administración gubernamental calificó los señalamientos como falsos y difamatorios.
La respuesta del Ejecutivo plantea una contradicción entre lo divulgado públicamente por López Serrano y la versión oficial del Gobierno.
Por ahora, las acusaciones continúan sin corroboración independiente.
Presidenta del Supremo defiende la independencia judicial
La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, también reaccionó a la controversia y defendió la independencia de los tribunales.
Oronoz sostuvo que las decisiones judiciales deben adoptarse exclusivamente conforme a la Constitución, las leyes y los méritos de cada caso.
Asimismo, advirtió que ninguna persona, independientemente de su cargo o poder, puede intervenir en las determinaciones de la Rama Judicial.
La Federación de la Magistratura de Puerto Rico también pidió que cualquier evidencia concreta sobre supuestos intentos de influencia sea presentada ante las autoridades correspondientes.
¿Qué está en juego?
Más allá de la disputa contractual entre LUMA y el Gobierno, la controversia plantea interrogantes sobre la independencia judicial, la separación de poderes y la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.
El Tribunal Supremo tiene ante sí asuntos relacionados con el contrato del operador energético, cuya resolución podría tener consecuencias importantes para la administración del sistema eléctrico de Puerto Rico.
Sin embargo, las alegaciones de presión no deben confundirse con hechos probados ni utilizarse para anticipar el resultado del proceso judicial.
Por el momento, queda pendiente determinar si las denuncias darán paso a una investigación formal y si se presentará evidencia que permita esclarecer los señalamientos.