Millones para modernizar el gobierno: Armando Valdés pregunta dónde están los resultados
El analista señala deficiencias en tres proyectos tecnológicos y cuestiona la planificación de las contrataciones, mientras el sistema ERP enfrenta escrutinio legislativo por problemas con los pagos.
Armando Valdés cuestiona inversiones millonarias en tecnología del gobierno de Puerto Rico
¿De qué sirve invertir millones de dólares en tecnología si los servicios públicos todavía enfrentan problemas para funcionar? Esa es la interrogante que plantea el analista Armando Valdés en su segmento En Perspectiva, de Directo y Sin Filtro, al cuestionar la planificación de varios proyectos tecnológicos del gobierno de Puerto Rico.
Su crítica surge mientras el nuevo sistema financiero gubernamental, conocido como ERP o Íntegra PR, enfrenta cuestionamientos en el Senado por fallas que han afectado el procesamiento de pagos a contratistas y proveedores de servicios esenciales, incluyendo transportistas escolares.
¿Modernización tecnológica sin los resultados esperados?
Durante su intervención, Valdés reaccionó a expresiones del senador Carmelo Ríos sobre los avances tecnológicos de la administración.
El analista reconoció que Puerto Rico ha logrado mejoras en determinados servicios, como CESCO Digital, que permite realizar trámites relacionados con vehículos de motor mediante una plataforma electrónica.
Sin embargo, sostuvo que otros proyectos representan inversiones considerables cuyos resultados, a su juicio, todavía no corresponden con las necesidades de los ciudadanos.
Para ilustrar su planteamiento, presentó tres ejemplos relacionados con la transportación pública y las operaciones financieras del gobierno.
$450,000 para una aplicación de guaguas
El primero fue AMA Móvil, una aplicación lanzada en mayo de 2026 con una inversión de $450,000 en fondos federales.
La herramienta permite consultar en tiempo real la ubicación de los autobuses de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, estimar sus tiempos de llegada y recibir alertas sobre cambios en el servicio.
Valdés cuestionó que la plataforma no integre también las guaguas de Metrobús, que forman parte de la red de transporte colectivo del área metropolitana.
Desde su perspectiva como usuario, esa limitación reduce la utilidad de una aplicación que debería facilitar la planificación de los viajes.
La AMA, por su parte, presentó la herramienta como un avance en el monitoreo de rutas, el mantenimiento preventivo de las unidades y la orientación a los pasajeros.
Millones para un sistema de cobro que todavía no opera
El segundo ejemplo fue la modernización del sistema de recaudo del Tren Urbano y las guaguas públicas, un proyecto que ha requerido una inversión superior a $25 millones en fondos federales.
Valdés cuestionó que los nuevos equipos de pago no hayan entrado plenamente en funcionamiento, mientras continúa la suspensión del cobro de tarifas.
La Autoridad de Transporte Integrado ha explicado que el sistema permanece en proceso de pruebas e implementación para permitir nuevas modalidades de pago, incluyendo tarjetas bancarias.
Al 10 de noviembre, todavía no había una fecha confirmada para restablecer las tarifas, suspendidas desde marzo de 2024.
Para el analista, este caso refleja la distancia entre la inversión realizada y el momento en que una herramienta tecnológica comienza a ofrecer los resultados previstos.
El ERP y los atrasos en pagos del gobierno
El tercer ejemplo, y el de mayor impacto económico, fue el sistema de planificación de recursos empresariales del gobierno, conocido como ERP.
Durante una vista pública del Senado celebrada el 9 de noviembre, se examinó información sobre aproximadamente $172 millones en autorizaciones contractuales acumuladas durante varios años, relacionadas con esfuerzos de modernización financiera gubernamental.
La plataforma Íntegra PR comenzó a utilizarse en decenas de agencias durante el verano de 2026, pero ha enfrentado dificultades en el procesamiento de pagos y transacciones.
Entre los afectados se encuentran contratistas del Departamento de Educación, incluyendo proveedores de transportación escolar y servicios dirigidos a estudiantes de Educación Especial.
Valdés vinculó estas dificultades con las reclamaciones de transportistas a quienes se les adeudan millones de dólares por servicios prestados.
La Comisión de Relaciones Federales del Senado, presidida por Carmelo Ríos, continúa investigando la implementación del sistema y citó a la empresa Deloitte para una nueva vista pública.
Aunque los consultores han señalado que una plataforma de esta complejidad requiere un periodo de estabilización, los legisladores han cuestionado las consecuencias que sus fallas tienen sobre los servicios públicos.
Armando Valdés cuestiona cómo se contrata la tecnología
Más allá de los tres proyectos, el analista sostuvo que el gobierno debe revisar su manera de identificar y contratar soluciones tecnológicas.
Valdés, quien anteriormente dirigió la Oficina de Gerencia y Presupuesto, señaló que la planificación debería comenzar con una evaluación de las necesidades de las agencias y de las personas que utilizan sus servicios.
En su opinión, permitir que las propuestas comerciales y los intereses de empresas proveedoras definan las prioridades tecnológicas puede conducir a decisiones equivocadas sobre el uso de fondos públicos.
Su señalamiento constituye una crítica al modelo de contratación y planificación, no una determinación de que existieron irregularidades en todos los proyectos mencionados.
¿Qué resultados deberían exigirse?
Las controversias sobre el ERP y los retrasos de los sistemas de transportación reabren una discusión sobre cómo se mide el éxito de la modernización gubernamental.
Además del dinero invertido, existen preguntas sobre la integración de plataformas, el cumplimiento de los calendarios, la continuidad de los servicios y el impacto sobre quienes dependen de ellos.
La propuesta de Valdés es que el gobierno planifique sus necesidades antes de comprometer recursos económicos en nuevas soluciones.
La pregunta que queda sobre la mesa es cómo garantizar que las inversiones tecnológicas se traduzcan en mejores servicios y no en nuevos obstáculos administrativos.