Multas eliminadas sin evidencia: Inspectora revela grave falla en CESCO de Caguas
Ivelisse Torres explicó que algunas transacciones examinadas no tenían expedientes físicos ni electrónicos que justificaran por qué las multas fueron eliminadas.
La Oficina del Inspector General de Puerto Rico encontró transacciones relacionadas con multas de tránsito en el CESCO de Caguas para las que no apareció documentación que explicara por qué fueron eliminadas del sistema.
La inspectora general Ivelisse Torres Rivera explicó en Problematizando que existen razones válidas para eliminar o modificar una multa, como errores administrativos o evidencia de que un tribunal la archivó. El problema, señaló, es que en parte de la muestra examinada esa evidencia no apareció ni en los expedientes electrónicos ni en los físicos.
“Pudieran haber inclusive transacciones fraudulentas con eliminación de multas de tránsito que no tuvieron una explicación”, sostuvo Torres Rivera durante la entrevista.
El informe oficial de la OIG identificó cerca de un centenar de certificaciones negativas para las cuales no se localizaron documentos, registros ni evidencia relacionados con las transacciones realizadas. Los hallazgos fueron referidos a las autoridades con jurisdicción.
La investigación también encontró que empleados en puestos que no estaban autorizados para realizar determinadas modificaciones tenían permisos extensos dentro del sistema DAVID+. Esos accesos permitían modificar o eliminar multas y gestionar planes de pago, entre otras transacciones críticas.
Además, el sistema permite realizar cambios en el estatus de multas sin aprobación previa de un supervisor o de la dirección del CESCO. La OIG advirtió que esa falta de controles dificulta detectar irregularidades oportunamente.
Torres Rivera también destacó otro problema: la documentación física no estaba adecuadamente resguardada. La OIG encontró sobres y cajas en áreas no autorizadas y concluyó que las deficiencias de trazabilidad y almacenamiento dificultan reconstruir qué ocurrió con una transacción específica.
La investigación no establece que todas las multas examinadas hayan sido eliminadas fraudulentamente. Sin embargo, la OIG concluyó que las deficiencias existentes aumentan el riesgo de alteraciones indebidas y recomendó delimitar accesos, fortalecer la supervisión y digitalizar la documentación.
El asunto deja una pregunta fundamental sobre la integridad del sistema: si una multa desaparece, ¿puede el Gobierno demostrar quién la eliminó, por qué lo hizo y qué evidencia autorizaba el cambio?