“No debería ocurrir”: Wilma pide a periodistas enfrentar la acreditación del Estado
La presidenta del Overseas Press Club exhortó a los medios a cuestionar el sistema de certificación gubernamental y reclamó mayor unidad ante restricciones de acceso a periodistas.
La presidenta del Overseas Press Club de Puerto Rico, Wilma Maldonado Arrigoitía, exhortó a periodistas y medios de comunicación a cuestionar el actual sistema de acreditación de prensa expedido por el Departamento de Estado.
Durante Problematizando, Maldonado sostuvo que agencias gubernamentales, La Fortaleza o el Capitolio pueden adoptar reglas individuales de seguridad y acceso, pero rechazó que exista una certificación del propio Estado para acreditar a quienes ejercen el periodismo.
“Mi exhortación a los demás compañeros es a que pidamos que esta ley sea derogada”, planteó Maldonado, quien también pidió a periodistas no participar de un mecanismo que, a su juicio, puede utilizarse para impedir o condicionar su trabajo.
La controversia cobró fuerza a finales de 2025, cuando periodistas del Centro de Periodismo Investigativo no pudieron acceder a conferencias en La Fortaleza por carecer de la certificación del Departamento de Estado. El CPI acudió a los tribunales y obtuvo inicialmente una sentencia favorable, pero el Tribunal de Apelaciones revirtió esa decisión.
El foro apelativo determinó que exigir la identificación constituía una directriz general, razonable y neutral, y señaló que la Ley 22-2000 reconoce al Departamento de Estado como la entidad que acredita a integrantes de la “prensa general activa”. La Fortaleza ha sostenido que esa credencial no es necesaria para ejercer el periodismo, sino que se utiliza como parte del protocolo para acceder a determinados espacios de prensa.
El Centro de Periodismo Investigativo recurrió posteriormente al Tribunal Supremo, pero el máximo foro rechazó revisar el caso mediante un “no ha lugar”, por lo que quedó vigente la determinación apelativa. El Supremo no emitió una opinión mayoritaria resolviendo ampliamente en los méritos la controversia constitucional.
Maldonado también criticó la respuesta de otros medios ante la disputa y sostuvo que muchos optaron por tramitar rápidamente sus certificaciones en lugar de unirse al cuestionamiento judicial. Su planteamiento es que la discusión debe trascender al CPI y convertirse en una preocupación colectiva de la industria.
El llamado ocurre mientras la relación entre prensa y Gobierno vuelve al centro del debate en Estados Unidos. CNN, MS NOW y Politico demandaron este lunes a la administración de Donald Trump después de que sus periodistas fueran excluidos de los terrenos de la Casa Blanca, alegando violaciones de la Primera Enmienda.
Para Maldonado, ambos escenarios representan una advertencia sobre la necesidad de que periodistas y propietarios de medios defiendan conjuntamente su independencia. Su reclamo abre nuevamente una pregunta que Puerto Rico ya llevó a los tribunales: ¿quién debe decidir qué credencial identifica a una persona como periodista?