“Nos llegó información”: investigan quién puede acceder a cámaras que registran vehículos en Yauco
José Luis Lebrón aseguró que un reglamento municipal levantó interrogantes sobre quiénes pueden acceder al sistema de vigilancia y advirtió que la tecnología puede registrar los movimientos cotidianos de vehículos de ciudadanos que no son sospechosos de delito.
“Nos llegó información”. Así comenzó José Luis Lebrón a explicar la investigación que llevó a Prensa Comunitaria hasta Yauco para examinar el uso de cámaras y lectores automáticos de tablillas en el municipio.
Durante el segmento Problematizando de Directo y Sin Filtro, Lebrón relató que revisaron un reglamento aprobado por las autoridades municipales y que una de sus disposiciones les llamó particularmente la atención: según sostuvo, el alcalde, el comisionado de la Policía Municipal y el funcionario encargado de Seguridad Pública tendrían acceso al sistema mediante dispositivos electrónicos.
La existencia de una reglamentación municipal sobre el sistema está documentada. La Ordenanza 21, Serie 2025-2026, aprobada por la Legislatura Municipal el 16 de octubre de 2025 y firmada por el alcalde Ángel Luis Torres Ortiz cuatro días después, adoptó un reglamento para la “instalación, operación y manejo de contenido” de sistemas de vigilancia electrónica utilizados por la Policía Municipal de Yauco.
No obstante, el documento público de tres páginas consultado por este medio no contiene el texto completo del reglamento anejado, por lo que los detalles específicos sobre quiénes tendrían acceso remoto al sistema corresponden, hasta el momento, al relato de Lebrón durante la entrevista.
“Eso nos obligó a ir a verificar si eso era cierto”, explicó el periodista.
Lebrón sostuvo que, cuando acudieron al municipio, no consiguieron respuestas de los funcionarios que buscaban entrevistar. Durante su recorrido, dijo haber localizado cámaras en diferentes puntos de Yauco y planteó entonces su principal preocupación: que la información recopilada permita reconstruir patrones de movimiento de personas que no están bajo investigación criminal.
La preocupación surge precisamente por las capacidades de los sistemas ALPR, siglas en inglés de lectores automáticos de matrículas.
Estos equipos no funcionan necesariamente como un GPS que sigue continuamente a un vehículo. Lo que hacen es registrar el automóvil cuando pasa frente a determinadas cámaras, generando datos como la tablilla, fecha, hora, ubicación de la cámara e información visual del vehículo. Cuando múltiples registros de una misma tablilla se conservan y consultan históricamente, pueden revelar patrones sobre dónde ha estado ese vehículo. Flock Safety reconoce que sus sistemas recopilan imágenes de vehículos, tablillas y características como color y marca.
Ese precisamente es el punto que organizaciones defensoras de derechos civiles han levantado en Estados Unidos: el problema no necesariamente es una fotografía aislada de un automóvil en una vía pública, sino lo que puede conocerse cuando miles de registros con fecha y ubicación se almacenan y cruzan durante un periodo de tiempo.
Yauco ha defendido el uso de esta tecnología como herramienta de seguridad. En enero se reportó que la Policía Municipal contaba con 58 cámaras y había adquirido otras diez capaces de identificar vehículos mediante sus tablillas y generar alertas relacionadas con automóviles buscados o robados. El comisionado Louis Maurosa Gutiérrez ha defendido la tecnología como una manera de combatir la criminalidad ante la escasez de agentes.
La discusión, por tanto, no se limita a si las cámaras pueden ayudar a resolver delitos.
La interrogante que dejó Lebrón sobre la mesa es otra: ¿qué controles existen cuando las cámaras también recopilan información sobre miles de conductores que nunca han cometido un delito?
Y ahí comienza el verdadero debate entre seguridad y vigilancia.