¿Puede el Gobierno dejar fuera a un periodista porque no le gusta lo que publica?
La catedrática de Derecho Constitucional Yanira Reyes Gil sostiene que la libertad de prensa protege no solo al periodista, sino el derecho de la ciudadanía a recibir información para participar democráticamente.
La libertad de prensa no protege únicamente a periodistas y medios de comunicación. Su función constitucional también alcanza a la ciudadanía que depende de esa información para fiscalizar al poder y tomar decisiones, explicó la catedrática de Derecho Constitucional Yanira Reyes Gil.
Durante Problematizando, Reyes Gil fue cuestionada sobre hasta dónde puede llegar el Gobierno de Puerto Rico al limitar el acceso de un medio de comunicación a determinados espacios públicos.
La Constitución de Puerto Rico establece expresamente en el Artículo II, Sección 4, que no se aprobarán leyes que restrinjan la libertad de palabra o de prensa. La protección coexiste además con las garantías de la Primera Enmienda de la Constitución federal.
Reyes Gil sostuvo que un gobierno no debe discriminar contra periodistas por el contenido crítico de sus publicaciones o expresiones. A su juicio, utilizar la desaprobación de la cobertura como razón para excluir específicamente a un medio entra en conflicto con las protecciones constitucionales de expresión y prensa.
La jurisprudencia federal reciente ha reforzado una distinción importante. Un periodista no posee automáticamente un derecho constitucional para acceder a todo espacio gubernamental restringido. Sin embargo, cuando el Gobierno decide permitir acceso a determinados medios, los tribunales han encontrado problemas constitucionales cuando las exclusiones responden al punto de vista de la cobertura.
Ese principio volvió a aparecer en marzo de 2026, cuando un tribunal federal invalidó partes de una política de acceso del Pentágono al concluir que permitían discriminar contra periodistas por su punto de vista. El tribunal señaló que, una vez establecidas facilidades de prensa, el acceso no puede administrarse arbitrariamente o según si al Gobierno le agrada la cobertura.
Esto no elimina la facultad gubernamental para establecer controles razonables relacionados con seguridad, capacidad, orden o acreditación. La interrogante constitucional cambia cuando la razón para excluir a un periodista es aquello que publica o la posición editorial de su medio.
Para Reyes Gil, detrás de esa protección existe un interés que trasciende a la propia prensa: garantizar que la ciudadanía pueda recibir información crítica sobre quienes ejercen el poder.