¿Quién podía borrar multas? OIG alerta sobre fallas graves en CESCO de Caguas
La Inspectora General Ivelisse Torres Rivera explicó que empleados en puestos no autorizados tenían permisos extensos dentro del sistema DAVID+, mientras cerca de un centenar de transacciones carecían de evidencia que las sustentara.
Una investigación de la Oficina del Inspector General de Puerto Rico encendió las alarmas sobre el manejo de multas en el CESCO de Caguas luego de identificar empleados con accesos al sistema que les permitían realizar modificaciones críticas sin necesidad de aprobación previa.
Durante Problematizando, la inspectora general Ivelisse Torres Rivera explicó que la investigación encontró una “falta de controles internos sistemática” y advirtió que esas debilidades podrían abrir la puerta a transacciones fraudulentas.
El informe OIG-QI-27-002 examinó operaciones entre marzo de 2024 y diciembre de 2025 después de que la Oficina recibiera información sobre posibles irregularidades en la modificación del estatus de multas administrativas.
Entre los hallazgos, la OIG identificó que empleados cuyos puestos no estaban autorizados para realizar este tipo de modificaciones —incluyendo oficinistas, educadores a conductores y personal administrativo— contaban con permisos extensos dentro del sistema DAVID+.
Esos accesos permitían realizar operaciones como modificar o eliminar multas y gestionar planes de pago, incluso sin aprobación previa de un supervisor o de la dirección del CESCO.
La investigación también identificó cerca de un centenar de certificaciones negativas para las cuales no se localizaron documentos, registros ni evidencia que sustentaran las transacciones realizadas. Los hallazgos fueron referidos a las autoridades con jurisdicción.
Torres Rivera explicó que el problema adquiere mayor importancia porque un ciudadano que impugna una multa normalmente tiene que cumplir con los procedimientos establecidos, mientras un sistema sin controles adecuados puede permitir cambios internos difíciles de fiscalizar.
La OIG encontró además que DAVID+ carece de alertas automáticas que permitan detectar irregularidades en tiempo real y no cuenta con una función para almacenar digitalmente la evidencia relacionada con estas transacciones. Parte de la documentación permanecía físicamente almacenada en sobres y cajas, incluso en áreas sin controles adecuados de seguridad.
La investigación también concluyó que la Directoría de Servicios al Conductor carece de normas uniformes que definan cómo deben manejarse distintos estatus de multas, como pagadas, canceladas, invalidadas o expiradas.
La OIG recomendó fortalecer la delimitación de accesos, la supervisión, la digitalización de documentos y los controles internos del sistema.
Para Torres Rivera, el asunto requiere seguimiento porque no se trata únicamente de corregir un acceso informático: se trata de garantizar que una multa no pueda modificarse sin evidencia, autorización y trazabilidad.
Y ahí queda la interrogante que convierte este hallazgo en un asunto que afecta directamente al ciudadano: si una persona tiene que pasar por todo un proceso para impugnar una multa, ¿qué controles existen para evitar que alguien pueda alterarla desde dentro del sistema?