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    Senado aplaza resolución que exige destitución de Suzanne Roig como secretaria de Familia

    La votación fue pospuesta por 18 votos a favor y nueve en contra mientras continúa la investigación legislativa sobre las controversias relacionadas con la funcionaria.

    Redacción ABC 12 de noviembre de 2026

    El Senado de Puerto Rico dejó en suspenso este jueves una resolución que solicitaba a la gobernadora Jenniffer González Colón destituir a la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, quien enfrenta cuestionamientos relacionados con procesos de contratación gubernamental.

    La decisión se produjo luego de que legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) plantearan que debía completarse la investigación de una comisión senatorial antes de llevar la medida a votación.

    La moción para aplazar su consideración fue aprobada con 18 votos a favor y nueve en contra, dejando pendiente la discusión sobre la permanencia de la funcionaria.

    ¿Por qué el Senado aplazó la resolución?

    Según explicó, los hallazgos permitirían formular una recomendación sustentada sobre la gestión de la secretaria.

    El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, reconoció que la resolución tiene fundamentos que merecen consideración y expresó su respaldo a la salida de Roig.

    Sin embargo, también apoyó la decisión de esperar a que culmine la investigación legislativa.

    ¿Qué establece la resolución?

    La medida fue presentada por los senadores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago y Adrián González Costa.

    Su propósito es solicitar formalmente a la gobernadora la destitución de Suzanne Roig del Departamento de la Familia.

    Entre los asuntos mencionados figuran señalamientos sobre procesos de contratación gubernamental y situaciones que han provocado investigaciones administrativas y legislativas.

    Sin embargo, una resolución concurrente de esta naturaleza no obliga legalmente a la gobernadora a destituir a una funcionaria.

    Su aprobación constituiría una expresión institucional de la Asamblea Legislativa, pero la decisión sobre la permanencia de Roig corresponde al Ejecutivo.

    Las investigaciones que rodean a la secretaria

    Uno de los principales asuntos bajo investigación está relacionado con señalamientos de Blanca Medina Díaz, exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF).

    Medina alegó que Roig ejerció presiones para que se evaluara y concediera un contrato a la empresa NOLA Education, relacionado con servicios educativos financiados mediante fondos federales.

    Estas denuncias dieron paso a cuestionamientos sobre los procedimientos administrativos de la agencia y las actuaciones de sus funcionarios.

    La controversia también motivó referidos a las autoridades correspondientes para evaluar posibles irregularidades.

    Los señalamientos permanecen sujetos a investigación y no representan determinaciones definitivas de responsabilidad.

    Posturas encontradas en el Senado

    Durante la discusión, legisladores de oposición cuestionaron la decisión de aplazar una expresión formal sobre la permanencia de Roig.

    Adrián González Costa sostuvo que las controversias justificaban solicitar su salida, mientras que María de Lourdes Santiago planteó que aprobar la resolución no impediría continuar con la investigación legislativa.

    Por su parte, representantes de la mayoría defendieron la necesidad de completar primero las pesquisas.

    Las diferencias reflejan dos posturas sobre el procedimiento: solicitar la destitución de inmediato o esperar un informe legislativo que sustente una recomendación.

    ¿Qué ocurrirá ahora?

    La resolución permanecerá pendiente mientras continúa el trabajo de la comisión senatorial.

    Una vez concluida la investigación, los legisladores podrían retomar la discusión sobre las medidas que consideran apropiadas.

    Mientras tanto, Suzanne Roig continúa ocupando la Secretaría del Departamento de la Familia.

    La controversia mantiene abiertas interrogantes sobre la fiscalización de los procesos de contratación, la responsabilidad administrativa y las decisiones que adoptará el Gobierno ante los resultados de las investigaciones.

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