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    Senado aprueba informe sobre contrato de $38.5 millones a NOLA Education con 22 referidos

    La Comisión de Familia aprobó un informe parcial sobre la contratación anulada de NOLA Education. El documento será parte de una investigación que continúa abierta.

    Redacción ABC 17 de noviembre de 2026

    La controversia por el contrato de $38.5 millones adjudicado a NOLA Education continúa generando cuestionamientos sobre los procesos de contratación del gobierno de Puerto Rico.

    La Comisión de Familia del Senado aprobó un informe parcial que contiene 22 referidos a organismos fiscalizadores relacionados con el proceso competitivo que culminó en la adjudicación del contrato, posteriormente anulada.

    Sin embargo, el documento no fue llevado a consideración del pleno del Senado antes de que concluyeran los trabajos de la sesión legislativa.

    La decisión abre nuevas interrogantes sobre el futuro de la investigación y las posibles consecuencias de los hallazgos recopilados.

    La investigación legislativa examina el proceso competitivo por invitación utilizado para adjudicar a NOLA Education un contrato de $38.5 millones.

    Los fondos procedían del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas, conocido por sus siglas en inglés como TANF.

    El objetivo de la pesquisa es examinar las gestiones realizadas durante la evaluación de las propuestas, la participación de funcionarios y las circunstancias que rodearon la selección de la empresa.

    El informe aprobado por la Comisión de Familia contiene 172 páginas y recopila información sobre distintas etapas del procedimiento.

    ¿Qué significan los 22 referidos?

    El documento incluye 22 referidos relacionados con información recopilada durante la investigación legislativa.

    Entre los organismos mencionados figuran el Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Inspector General y la Oficina del Contralor.

    La presidenta de la Comisión de Familia, Wanda Soto Tolentino, explicó que los referidos permiten compartir información con entidades que tienen facultades para examinar posibles irregularidades.

    Esto significa que los organismos correspondientes podrían utilizar los documentos y testimonios recopilados para determinar si procede alguna investigación adicional.

    Es importante aclarar que un referido no equivale necesariamente a una acusación criminal, una infracción ética o una determinación de culpabilidad.

    ¿Qué funcionarios aparecen mencionados?

    Entre los funcionarios incluidos en la información remitida a organismos fiscalizadores figura Suzanne Roig Fuertes, quien anunció su renuncia como secretaria del Departamento de la Familia.

    También aparece mencionado el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés.

    No obstante, Soto Tolentino aclaró que Ramos Parés no fue referido al Departamento de Justicia.

    Según explicó, la información suministrada por el funcionario fue remitida a la Oficina del Contralor.

    Estas distinciones resultan importantes para evitar interpretar todos los referidos como señalamientos de la misma naturaleza.

    Alegaciones de presiones durante la contratación

    La senadora Ada Álvarez Conde, del Partido Popular Democrático, aseguró que la investigación identificó una insistencia para favorecer a NOLA Education durante el proceso.

    También señaló aspectos relacionados con la evaluación de propuestas y el viaje realizado por una delegación gubernamental a Nueva Orleans, donde ubica la sede de la empresa.

    Entre las situaciones mencionadas por la legisladora se encuentran presuntas presiones ejercidas durante el procedimiento de contratación.

    Estas afirmaciones forman parte de los señalamientos expresados durante la investigación legislativa y no constituyen, por sí solas, determinaciones judiciales o administrativas de responsabilidad.

    El examen de estos asuntos corresponde a las entidades con jurisdicción para investigarlos.

    ¿Por qué el informe no llegó al pleno del Senado?

    Aunque la Comisión de Familia aprobó el documento, este no fue sometido a consideración del pleno antes de concluir la sesión legislativa.

    Soto Tolentino explicó que la decisión permitiría evaluar su contenido con mayor detenimiento.

    La senadora también recordó que el presidente del Senado tiene la facultad de determinar qué asuntos se incluyen en el calendario legislativo.

    Por el momento, la aprobación en comisión constituye un avance dentro del proceso investigativo, pero no equivale a una votación del Senado en pleno sobre el informe.

    La investigación continúa abierta

    La presidenta de la Comisión de Familia indicó que el documento aprobado es parcial y que la investigación puede ampliarse si surge información relevante.

    Tampoco descartó examinar otros contratos y viajes relacionados con el Departamento de la Familia.

    Las agencias que reciban información podrán determinar, dentro de sus competencias, si corresponde realizar investigaciones adicionales o adoptar otras medidas.

    ¿Qué viene ahora?

    El futuro del informe dependerá de los próximos pasos legislativos y de las actuaciones de los organismos que reciban los referidos.

    Entre las principales interrogantes pendientes figuran la determinación de posibles responsabilidades administrativas, el examen de los procedimientos de contratación y las medidas para evitar irregularidades en futuras adjudicaciones gubernamentales.

    La controversia mantiene bajo escrutinio el manejo de fondos públicos destinados a programas de asistencia para familias necesitadas.

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