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    Tribunal federal fija nuevas fechas en la quiebra de Encanto Restaurants en Puerto Rico

    El Tribunal de Quiebras federal estableció una reunión de acreedores para el 10 de diciembre, mientras avanza el proceso de reorganización financiera de la empresa.

    Redacción ABC 16 de noviembre de 2026

    El proceso de quiebra de Encanto Restaurants continúa avanzando en el Tribunal federal, luego de que la empresa que operaba las franquicias KFC y Taco Bell en Puerto Rico se acogiera al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

    La compañía, vinculada también con operaciones de Pizza Hut, enfrenta ahora un calendario judicial que incluye reuniones con acreedores, vistas de seguimiento y fechas límite para presentar reclamaciones.

    El Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico estableció para el próximo 10 de diciembre una reunión en la que representantes de Encanto Restaurants deberán responder preguntas bajo juramento sobre sus activos, deudas y situación financiera.

    El procedimiento representa una nueva etapa para una empresa cuyo cierre de establecimientos provocó incertidumbre entre trabajadores, suplidores y otras partes relacionadas con sus operaciones.

    Encanto Restaurants presentó su solicitud de protección bajo el Capítulo 11 el pasado 5 de noviembre de 2026.

    Este mecanismo permite que una empresa con dificultades económicas busque reorganizar sus obligaciones financieras bajo la supervisión del Tribunal federal.

    La compañía reportó deudas cercanas a los $124 millones, mientras sus activos fueron valorados en aproximadamente $30 millones, según información divulgada previamente sobre el expediente.

    La presentación de la quiebra no significa que todas las obligaciones hayan sido eliminadas ni que los acreedores hayan perdido automáticamente sus derechos de reclamación.

    Tribunal establece fechas importantes

    La reunión de acreedores fue pautada para el jueves 10 de diciembre de 2026, a las 9:00 de la mañana, mediante conferencia telefónica.

    También se programó una conferencia de seguimiento para el 22 de enero de 2027, en la que se evaluará el progreso del proceso judicial.

    Por otro lado, el 8 de febrero de 2027 será la fecha límite para presentar determinadas objeciones relacionadas con la descarga de deudas.

    Los acreedores tendrán hasta el 10 de marzo de 2027 para presentar ciertas reclamaciones, mientras que las agencias gubernamentales contarán hasta el 10 de mayo del mismo año.

    Estas fechas forman parte del calendario establecido en el expediente federal.

    ¿Qué pasará con los trabajadores afectados?

    Uno de los asuntos que genera mayor interés es el futuro de los empleados que perdieron sus puestos de trabajo tras el cierre de establecimientos.

    El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico había informado que representaría a trabajadores cesanteados de Encanto Restaurants durante el proceso de quiebra.

    La agencia también ha recibido reclamaciones relacionadas con salarios y otros pagos pendientes.

    Sin embargo, la presentación de una reclamación no garantiza que la cantidad solicitada sea recuperada en su totalidad.

    El tratamiento de las obligaciones laborales dependerá de las disposiciones aplicables y de las determinaciones del Tribunal.

    La quiebra no incluye a IHOP

    Aunque Encanto Restaurants mantiene vínculos empresariales con otras operaciones gastronómicas, la solicitud de quiebra presentada bajo este expediente no incluye a IHOP.

    La franquicia es operada mediante otra entidad corporativa, identificada como Encanto Sunrise, Inc.

    Esta distinción resulta importante para evitar confusiones sobre cuáles negocios forman parte del proceso judicial.

    ¿Qué ocurrirá ahora?

    El Tribunal también pautó una vista para el 17 de noviembre, relacionada con solicitudes de financiamiento y otros asuntos del proceso.

    El caso fue reasignado al juez federal Michael A. Fagone.

    Mientras tanto, Encanto Restaurants deberá cumplir con los requerimientos judiciales y continuar ofreciendo información sobre su situación financiera.

    El proceso será determinante para establecer cómo se atenderán las reclamaciones de trabajadores, suplidores y otras entidades que mantienen obligaciones pendientes con la compañía.

    La controversia deja abierta una pregunta sobre las consecuencias económicas del cierre de estas franquicias y la recuperación de las cantidades adeudadas.

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