¿UNA BUKELE EN COSTA RICA?
La eliminación de televisores, microondas y enchufes refleja el endurecimiento penitenciario impulsado por la mandataria frente a la crisis de seguridad.
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Primero salieron los televisores. Después, los microondas. Ahora tampoco quedan enchufes.
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, ordenó retirar todos los tomacorrientes de las celdas después de que un operativo nacional sacara 352 televisores y 238 hornos de microondas de las prisiones.
“Entonces, ¿para qué tenemos tomacorrientes?”, preguntó Fernández durante una conferencia antes de ordenar su eliminación.
Hasta el 3 de agosto, la Policía Penitenciaria había retirado 1,069 tomacorrientes, 1,480 metros de cable, 23 breakers y cinco extensiones artesanales.
La medida no se limita a eliminar electrodomésticos o supuestos privilegios dentro de las cárceles. También forma parte de una política de mano dura que comienza a provocar una comparación inevitable en Centroamérica: ¿se está convirtiendo Laura Fernández en la versión costarricense de Nayib Bukele?
Desconectar el “call center” del delito
El Gobierno sostiene que eliminar el acceso a electricidad dificultará que los reclusos carguen celulares introducidos clandestinamente en las prisiones.
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Según las autoridades, esos teléfonos son utilizados para coordinar estafas, amenazas y extorsiones contra personas fuera de los centros penitenciarios.
El ministro de Justicia aseguró que con la eliminación de los enchufes se acababa el “call center” del delito.
La operación también busca retirar conexiones improvisadas que podrían permitir el uso de aparatos prohibidos y representar un riesgo para la seguridad dentro de las prisiones.
Sin embargo, las autoridades todavía no han presentado datos que demuestren una reducción de las estafas o extorsiones como consecuencia de la medida.
Una política que recuerda a Bukele
La decisión refleja el enfoque adoptado por Fernández ante la crisis de seguridad vinculada al narcotráfico y al crimen organizado.
Su estrategia coloca el control de las cárceles, la disciplina y la reducción de los privilegios de los reclusos como elementos centrales de la lucha contra el delito.
Ese discurso recuerda al utilizado por Nayib Bukele en El Salvador, donde el endurecimiento de las condiciones penitenciarias se convirtió en una de las imágenes más reconocibles de su política de seguridad.
Fernández también ha presentado iniciativas para combatir la reincidencia, endurecer las medidas contra las organizaciones criminales e impulsar el programa “Cero ocio en las cárceles”.
Sin embargo, la comparación no significa que Costa Rica haya reproducido completamente el modelo salvadoreño. Por ahora, se concentra principalmente en la retórica de mano dura y en decisiones destinadas a demostrar que el Estado recuperará el control del sistema penitenciario.
Costa Rica frente al crimen organizado
Costa Rica enfrenta una crisis de seguridad impulsada por el crecimiento del narcotráfico y las disputas entre organizaciones criminales.
Ante ese escenario, Fernández ha optado por proyectar una imagen de autoridad y presentar medidas inmediatas y visibles contra el crimen.
Retirar más de mil enchufes puede parecer una decisión sencilla, pero su mensaje político es mucho mayor: dentro de las cárceles, las condiciones las impondrá el Gobierno.